INSEGURIDAD PRIVADA EN CERCANÍAS DE MADRID

ManuSanchez. @ManuPress66
MundoPress-Comunicación.-22/05/2017

Que el tema de la seguridad privada en el servicio de cercanías de Renfe en Madrid siempre ha causado, cuando menos, controversias y multitud de opiniones, no es nada nuevo.
Diferentes han sido las empresas que han llevado a cabo este servicio, en ocasiones con más acierto y en muchas otras, con tristes episodios, que mucho dieron que hablar.

Pero lo sucedido en las últimas fechas. no solo es un episodio triste, sino que llena de vergüenza, dando una imagen de la seguridad privada, muy herida.
Según informó el pasado día diez, el diario digital El Plural, una de las nueve empresas (según informa la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada FTSP-USO, Renfe reparte entre nueve empresas su ‘macrocontrato’ de seguridad de 173 millones) que en la actualidad realizan las labores de seguridad en las instalaciones y convoyes de Renfe cercanías, no solo está incumpliendo la ley en diferentes asuntos, sino que está dando licencia de corso a un trabajador, que ha sido juzgado y sentenciado judicialmente.

El individuo en cuestión, que responde a las siglas de J.J.G.S, trabaja como inspector de seguridad, a pesar de estar judicialmente sentenciado por un delito de lesiones.
En diciembre de 2011 el Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid le condenó a un año de prisión y el pago de una indemnización de 12.200 euros a un joven que intentó colarse en el tren. Según esta misma sentencia, todo empezó con una discusión en la que participaron el agredido, J.J.G.S. y otros dos vigilantes de Seguridad en la estación de Cercanías Sierra de Guadalupe de Madrid.

Tras el acaloramiento e intercambio mutuo de insultos, la víctima salió de la estación para coger dos piedras y regresó de nuevo para lanzarselas aunque no llegaron a impactar sobre ninguno de los tres vigilantes.
Según continúa explicando la misma sentencia: En ese momento, J.J.G.S., "que como guía canino portaba al perro de raza pastor alemán Ory asegurado en Securitas, le quitó el bozal de la boca y le soltó la correa saliendo el animal tras José Boada [la víctima] que corrió al exterior del recinto, alcanzando el perro, tirándolo al suelo y mordiéndole en las extremidades inferiores y antebrazo. Cuando José se encontraba en el suelo, indefenso, los tres acusados se acercaron y al unísono, con sus defensas reglamentarias, le golpearon reiteradamente en diversas partes del cuerpo”.
La agresión produjo a la víctima diferentes heridas y le dejó como secuelas un síndrome postraumático cervical leve y varias cicatrices.
La ley en este sentido, en referencia a la seguridad privada, es taxativamente clara y concisa.
La Ley 5/2014, de Seguridad Privada marca como requisito indispensable para ejercer como vigilante de seguridad que no se tengan antecedentes penales por delitos dolosos. “La pérdida de alguno de los requisitos establecidos en este artículo producirá la extinción de la habilitación y la cancelación de oficio de la inscripción en el Registro Nacional”.
Por lo tanto y siguiendo al pie de la letra lo establecido en la ley de seguridad privada, ninguno de estos tres trabajadores, podían seguir trabajando como vigilantes y deberían haber perdido la habilitación como tales.
Sin embargo, J.J.G.S. continuó trabajando para Renfe Cercanías como inspector de Seguridad, una puesto que, según fuentes consultadas por Elplural.com, sólo puede ejercerse con delegación del director de seguridad y gozando de la habilitación correspondiente, es decir, no tener antecedentes penales, a tenor de lo establecido en la vigente ley de seguridad privada.

Foto de archivo

Según declaraciones del sindicalista y también vigilante de seguridad, don Sergio Sánchez, portavoz del Sindicato Libre de Vigilantes AsambleadXs SILVIA, “Es escandaloso que una persona con estos antecedentes pueda coordinar y guiar a los vigilantes” y se pregunta en manos de quién están. “Es inadmisible, luego nos quejamos de que pasan cosas”.
De la misma manera afirma que al sindicato han llegado “múltiples quejas” de vigilantes, asegura, por la actitud de J.J.G.S.. “Son víctimas de un verdadero régimen de terror ya que este señor, junto con otros inspectores, se dedica a reprimir ferozmente el trabajo de los vigilantes, que sufren sanciones por supuestas faltas laborales que o bien no son ciertas, exageradas o sacadas de contexto”.
Según continúa explicando el diario digital, no solo queda aqui los actos y/o aptitudes del condenado.
J.J.G.S. trabaja en el servicio de Renfe Cercanías coordinando el servicio de los vigilantes y realizando funciones de seguridad incumpliendo la ley. Así, se le pudo ver el 22 de marzo de 2016, durante un operativo policial de prevención antiterrorista, vestido de paisano con un chaleco reflectante en el que figura la palabra Seguridad con grandes letras. La ley de Seguridad Privada establece que estas funciones a pie de calle sólo se pueden ejercerlas con un uniforme homologado y autorizado por el Ministerio del Interior. Además, especifica que los agentes deben estar integrados en la plantilla como tales y él no figura como vigilante sino como inspector.

Todos los vigilantes de Renfe Cercanías llevan el uniforme preceptivo de su empresa y el chaleco reflectante encima. Además, están obligados a llevar una placa identificativa con su número de TIP (tarjeta de identificación personal). J.J.G.S. no cumplía con ninguno de estos requisitos.


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